España se posiciona a la vanguardia de la regulación de la IA en Europa con una norma que busca garantizar un uso responsable y ético de la IA continuando la estela de la normativa europea.
El Gobierno español aprobó el pasado 11 de marzo un Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es establecer un marco legal común para el desarrollo, comercialización y uso de esta tecnología. El texto también incorporará un régimen sancionador que garantice el desarrollo, la adopción y la utilización de sistemas de IA de manera ética, transparente y centrada en la protección de los derechos fundamentales.
En consonancia con el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, la futura norma española busca adoptar un enfoque basado en el análisis del riesgo inherente al uso de la IA, y viene a dar respuesta al mandato a los Estados Miembros de creación de un marco punitivo respecto a las prácticas prohibidas. Así, la normativa presta especial atención a aquellos sistemas empleados en ámbitos sensibles como la salud, la justicia, el empleo y la educación, donde la toma de decisiones automatizadas puede generar impactos significativos en la vida de las personas. Asimismo, se prohíben expresamente las prácticas de IA consideradas de riesgo inaceptable, tales como la vigilancia biométrica masiva sin autorización o los sistemas diseñados para manipular el comportamiento humano de forma subliminal.
Asimismo, el Anteproyecto plantea la exigencia de etiquetado para producciones de audio y video generadas por IA para informar a los usuarios y garantizar la transparencia y seguridad en el uso de esta tecnología.
Uno de los aspectos medulares de la norma es la instauración de un régimen sancionador que prevé la imposición de multas severas en caso de incumplimiento. Las sanciones se clasifican en:
- Infracciones leves: multas de entre 6.000 y 500.000 euros.
- Infracciones graves: multas de entre 500.001 y 7.500.000 euros o hasta el 2% del volumen de negocios global de la entidad infractora.
- Infracciones muy graves: sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global, aplicables a prácticas prohibidas o a la utilización indebida de sistemas de IA de alto riesgo.
En los supuestos de infracciones graves o muy graves, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares, incluyendo la retirada del producto o la desconexión inmediata del sistema de IA cuando su continuidad suponga un riesgo inaceptable.
También se introduce un nuevo derecho digital, consistente en la facultad de solicitar la desconexión o retirada del mercado de sistemas de IA que hayan provocado incidentes graves, tales como la puesta en peligro de la vida o la integridad física de las personas. Este derecho se anticipa a la regulación europea y busca garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales ante posibles daños derivados del uso de la IA.
La norma prevé, por otro lado, un mecanismo de denuncia ante la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), facilitando la identificación temprana de conductas ilícitas o riesgos derivados del uso indebido de esta tecnología. La AESIA se erige como el órgano encargado de la vigilancia y supervisión del cumplimiento normativo en materia de IA, con facultades para coordinar la actuación de las distintas autoridades de vigilancia del mercado y garantizar la coherencia en la aplicación de la normativa.
Para asegurar los estándares de transparencia, seguridad y protección de derechos, a partir de 2 de agosto de 2026 se establecerán entornos controlados de pruebas (sandbox), donde los sistemas de IA podrán ser evaluados antes de su despliegue definitivo en el mercado.
Este anteproyecto de ley no solo persigue un objetivo sancionador, sino que también promueve el desarrollo de una IA responsable y humanística, facilitando a las Pymes y empresas emergentes el cumplimiento de las obligaciones regulatorias sin que ello implique un freno a la innovación.
De igual modo, se abre puertas a la posibilidad de establecer convenios de colaboración entre la AESIA y las correspondientes autoridades sectoriales para reforzar la supervisión en áreas críticas.
Con esta propuesta normativa, España se posiciona a la vanguardia de la regulación de la IA en Europa, adoptando un enfoque equilibrado entre la promoción de la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales.
El reto será garantizar que la implementación del marco normativo de manera eficaz, evitando una carga regulatoria excesiva para las empresas innovadoras, pero asegurando al mismo tiempo que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen con total respeto a los principios de ética, transparencia y responsabilidad.
