La protección de las variedades vegetales tiene un impacto positivo en la economía nacional y, en especial, en el sector agrícola, ya que se estimula la investigación en este sector y se permite a los agricultores el acceso a las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del mercado, se incrementa la competitividad de los productos agrícolas. Tanto la Ley española, como el Reglamento comunitario exigen obtener la autorización del obtentor para la producción, reproducción, oferta en venta, exportación-importación, entre otras, de la variedad protegida.